El fiscal federal de San Nicolás, Matías Felipe Di Lello, y el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich, pidieron elevar a juicio oral la causa en la que seis personas que están acusadas de conformar una asociación ilícita a la que se le atribuyen tres secuestros extorsivos con empresarios o familiares como víctimas, cometidos entre 2021 y 2023 en de Rosario y en Villa Ramallo.
Según la investigación, la organización cometía secuestros “con un grado de sofisticación que supera el estándar medio”. Elegían a sus víctimas por su gran poder adquisitivo. Alquilaban de manera temporaria los sitios de cautiverio. Un mecánico, un animador de eventos infantiles y un parrillero, entre los imputados. En uno de los casos, cobraron más de medio millón de dólares.
La organización tenía como metodología usar como lugar de cautiverio propiedades rentadas en alquileres temporarios y entregarle al pagador una mochila con instrucciones con los que debían continuar las negociaciones, según informó el sitio Fiscales, del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Los imputados son el comerciante Claudio Daniel Coto (62), el mecánico Néstor Adrián Santabaya (60), el animador de eventos infantiles Emiliano Mario Andrés Acuña (37), el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (46), su pareja Silvia Beatriz López (43) y el remisero y propietario de una parrilla, Nicolás Adrián Santabaya (31), hijo además del segundo de los acusados mencionados.
Los fiscales solicitaron que los seis sean juzgados por el delito de asociación ilícita, al considerar que conformaban “una comunidad criminal dedicada a la ejecución de delitos indeterminados contra la propiedad y las personas, de manera organizada, mediante acuerdo previo y con permanencia en el tiempo”. A Coto y a Santabaya padre, les atribuyeron ser jefes u organizadores de dicha organización.
Santabaya hijo solo quedó imputado por asociación ilícita y por la tenencia ilegal de arma de guerra de una escopeta tipo Ithaca secuestrada en uno de los allanamientos, precisó Fiscales.
A los otros cinco acusados les imputaron tres hechos de secuestro -dos consumados y uno en grado de tentativa-, agravados por la participación de tres o más personas, por haberse cobrado el rescate exigido -en solo uno de los casos- y por ser una de las víctimas menor de 18 años.
Tres secuestros
El primero de los hechos por los que Di Lello y Marquevich requirieron la elevación a juicio ocurrió el 24 de enero de 2023 en la ciudad bonaerense de Villa Ramallo y tuvo como víctima a uno de los hijos de un empresario petrolero y también excorredor de Turismo Carretera.
La víctima fue secuestrada cuando circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok por un camino de tierra cercano a la ciudad, en un falso operativo policial que incluyó dos vehículos y hombres con uniformes de la Policía Federal.
Según la investigación, el hombre fue trasladado hasta un domicilio de San Nicolás, donde lo encerraron en una habitación recostado en una cama, vendado y con precintos en sus piernas.
Los captores se comunicaron a través de mensajes de texto con el hermano del cautivo y le hicieron saber la ubicación de la camioneta, donde habían dejado un bolso con teléfonos celulares y una nota donde daban instrucciones y pedían un millón de dólares de rescate.
El hermano -como víctima pasiva-, comenzó a recibir llamados y las negociaciones se extendieron hasta que al día siguiente acordaron un pago de 580.000 dólares.
Lo obligaron a hacer un recorrido de varias postas que culminó en una estación de servicio de la localidad bonaerense de Wilde, en el partido de Avellaneda, donde por la noche un motociclista pasó a retirar el bolso con el dinero.
Los delincuentes se comunicaron a las 2 de la madrugada del 26 de enero de 2023, para avisar que habían liberado a la víctima en el puente de la ruta nacional N°9 de ingreso a Theobald, a unos 60 kilómetros de Rosario.
El segundo y tercero de los secuestros imputados -uno en tentativa porque la captura resultó fallida y el otro consumado-, ocurrieron con cinco días de diferencia, en el mismo sitio y tuvieron como blancos elegidos a la pareja y el hijo de 13 años de otro empresario rosarino, pero del rubro farmacéutico.
El 5 de octubre de 2023, a las 6.43, la mujer y su hijo se dirigieron a la cochera del edificio donde residen para subirse a su auto y dirigirse al colegio del adolescente.
Los representantes del MPF describieron que los imputados “intentaron ingresar al área de cocheras para sustraer, retener y ocultar a las víctimas y exigir un rescate a cambio de su liberación, pero la maniobra se vio frustrada porque el techo del utilitario quedó atascado con el portón del edificio, motivo por el cual tuvieron que retirarse del lugar”.
El 10 de octubre siguiente, una camioneta Renault Trafic blanca logró ingresar a las cocheras del mismo edificio y cuando la mujer y el adolescente bajaron, fueron capturados por tres sujetos con los rostros cubiertos que los obligaron a subir al rodado.
Según la investigación, los captores llegaron con las víctimas a una finca del Barrio Parque Avambaé de San Nicolás, donde las hicieron permanecer durante todo el cautiverio sobre colchones en el piso de una habitación.
El empresario recibió una llamada y tres mensajes de WhatsApp en los que le advertían que su pareja y su hijo estaban secuestrados y que, a cambio de su liberación, exigían tres millones de dólares.
Luego, le indicaron que pasara a retirar por un restaurante rosarino un bolso con celulares. A las 16.47, la víctima pasiva recibió otro mensaje de WhatsApp que decía: “Te gusta más la plata que tu hijo, no entendiste, te dije que no digas nada y llamaste a la policía”.
Sin que se pagara rescate, la mujer y el adolescente de 13 años fueron liberados ilesos alrededor de las 20 del mismo día, sobre la ruta nacional 188, en una zona rural de la localidad de Campo Salles, partido bonaerense de San Nicolás.
Para la fiscalía, la Trafic blanca empleada en este hecho es la misma que fue utilizada ploteada como ambulancia el 21 de octubre de 2023 en un robo de 530 millones de pesos a una financiera del microcentro porteño, y que apareció incendiada en Lanús.
Por esa causa, la Justicia Nacional detuvo al imputado Santabaya padre antes de que se hicieran los allanamientos por los secuestros de Villa Ramallo y Rosario.
“Ha quedado evidenciado que la mayor fuente de ingresos de esta asociación ilícita es la comisión de secuestros extorsivos, los que fueron ejecutados con un grado de sofisticación que supera el estándar medio y de por sí complejo de este tipo de delitos”, señalaron Di Lello y Marquevich. Remarcaron que “en los hechos de secuestro extorsivo que conforman el objeto procesal de la causa, se advierte un similar y, por momentos, idéntico patrón de actuación”.
