Estudiantes y agrupaciones pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA) efectuaron este fin de semana una asamblea interfacultades en el territorio bonaerense y definieron impulsar la propuesta de llamar a una nueva marcha federal para el próximo 12 de noviembre. En Rosario, la medida todavía «está muy verde».
Las comunidades educativas de la UBA y la UNA definieron dos movilizaciones para reclamar por mayor presupuesto universitario y un incremento salarial que les permita a los profesores de las casas de estudio recomponer su poder adquisitivo, devorado por la escalada inflacionaria.
La primera de estas marchas que efectuarán las universidades en Buenos Aires se dará el próximo viernes, con una movilización al Obelisco. La segunda está en construcción y a la espera de lo que definan en otros puntos del país, pero en principio la propuesta es llamar a una nueva protesta federal para el próximo 12 de noviembre.
Por otra parte, el próximo 5 de noviembre a las 17 se realizará una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde participarán centros de estudiantes y gremios docentes con el objetivo de motorizar la ejecución de la tercera Marcha Federal Universitaria del año.
De llegar a concretarse, esta sería la tercera convocatoria de carácter nacional, luego de las que ya ocurrieron el 23 de abril y el 2 de octubre.
Las consultas que hizo este medio expusieron que en Rosario todavía la adhesión a una posible movilización para el 12 de noviembre «está muy verde». Si bien está el consenso de que debe haber una nueva expresión de rechazo a las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, aún están en análisis los detalles de la misma.
Cabe recordar que en los últimos días la Universidad de Buenos Aires inició acciones judiciales para que los controles financieros a las casas de altos estudios no estén a cargo de la Sindicatura General de la Nación. Las instituciones pidieron ser auditadas, pero advirtieron que este organismo depende directamente del presidente y que su intervención tiene por objetivo interferir en la educación pública.
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“Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la Sigen no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley”, aclararon desde el Rectorado de la UBA.
En este sentido, completaron: “La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo. Por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025, así como lo hizo en el 2021, 2022 y 2023. Además, ha decidido realizar una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía”.
Sobre esto, el profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la UBA, Daniel Sabsay, publicó un su perfil de la red social X que “los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen, que depende del Ejecutivo» porque «eso afecta su autonomía”.
“Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso. Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos, pero ante el organismo adecuado”, apuntó el especialista.