El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro total para este jueves 10 de octubre y llamó a «consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario».
Este anuncio de la medida de fuerza se da luego de que la Cámara de Diputados retifique el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que garantizaba el presupuesto para las instituciones de educación superior para lo que resta de 2024.
Desde la federación de trabajadores universitarios expresaron: «La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional».
«Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorias, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública», reforzaron.
«Este Frente Sindical manifiesta nuevamente la voluntad de luchar para defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, por niñeces protegidas y por un país igualitario. Universidad pública de calidad para nuestro pueblo y salarios dignos para docentes y nodocentes que la sostienen», concluyeron.
La tensión entre el gobierno de Milei y las universidades ya había quedado plasmada en dos movilizaciones multitudinarias de la comunidad educativa.
La primera Marcha Federal Universitaria tuvo lugar el 23 de abril y fue gigantesca, con participación de estudiantes, docentes, no docentes, organizaciones sociales y referentes de varios espacios políticos (UCR, Unión por la Patria, Izquierda y Coalición Cívica).
La segunda, en tanto, ocurrió el miércoles 2 de octubre, ante la inminencia de la publicación del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, que finalmente salió horas más tarde en el Boletín Oficial. En este caso, la marcha se replicó en numerosas ciudades del país.
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La Ley de Financiamiento universitario se había sancionado en ambas cámaras, tras un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 -prorrogado por la actual administración- según la inflación acumulada ese año (del 211,4%) y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año. También establecía nuevos criterios de la distribución del presupuesto e instaba al Poder Ejecutivo a recomponer los salarios de docentes y no docentes.