El Gobierno lanzó este martes el protocolo de actuación que deberán seguir las fuerzas de seguridad ante denuncias de bloqueos a fábricas y empresas. Las denuncias serán receptadas a través de la línea 134 y estarán bajo evaluación del área que conduce Patricia Bullrich.
La medida fue formalizada a través de la Resolución 901/2024, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
«A los efectos de este protocolo de actuación, se entenderá por ‘bloqueo’ a las maniobras, dispositivos, vallados u obstáculos, de cualquier naturaleza, que impidan, dificulten o amenacen, de forma actual o inminente, el ingreso o egreso de personas, vehículos o mercaderías en un establecimiento productivo o de servicios en cualquier lugar del territorio nacional», especifica el primer artículo de la nueva normativa.
En ese marco, quedó establecido que los bloqueos podrán ser denunciados telefónicamente a la línea 134; por WhatsApp al número (11)38524561 o por correo electrónico a la dirección bloqueos@minseg.gob.ar.
Según el protocolo, una vez realizada la denuncia, el Ministerio de Seguridad evaluará su verosimilitud y entidad. En caso de ser necesario, pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades competentes y, si considera que corresponde, instruirá el despliegue de las fuerzas policiales y los efectivos federales que estén más próximos a la zona del bloqueo.
Las fuerzas de seguridad tendrán la instrucción de hacer cesar el bloqueo y restablecer el normal ingreso y egreso de personas, vehículos o mercaderías en el establecimiento afectado.
La cartera que conduce Bullrich transmitirá toda la información a la Secretaría de Trabajo que tiene a cargo Julio Cordero y a las personas físicas o jurídicas afectadas por el bloqueo, «a fin de que puedan proceder de acuerdo con lo previsto en el artículo 242 de la Ley N° 20.744 y sus modificaciones».
El protocolo también determina que las fuerzas policiales y de seguridad federales «recabarán pruebas sobre el desarrollo del bloqueo, que incluirán la identificación de los responsables y participantes, a fin de su inmediata remisión al juzgado penal correspondiente y al Ministerio Público Fiscal».
Dicho marco de actuación entró en vigencia a partir de este martes y está amparado por la Ley Bases, que en su articulado modificó el punto 242 de la Ley 20.744 estableciendo que se considerarán comprendidas dentro del concepto de injuria grave las medidas de acción directa que «afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a las protestas» e «impidan u obstruyan total o parcialmente el ingreso o egreso de personas y/o cosas al establecimiento».
