La Multisectorial contra el Gatillo Fácil de Rosario marchó este lunes para retomar el reclamo de justicia contra la violencia institucional, el “verdugueo” y el asesinato de jóvenes oriundos de los barrios más marginales de la ciudad. Cerca de 500 personas, entre familiares de víctimas, organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, organizaciones sociales, estudiantiles y políticas marcharon hasta la sede de Gobierno provincial bajo la consigna “No a la baja de edad de la Imputabilidad” y “¡Ni un pibe ni una piba menos! ¡Ni una bala más!”
Las columnas concentraron frente al palacio de justicia de en Tribunales Provinciales (Balcarce al 1600) para marchar hasta la plaza San Martín (Santa Fe al 1900), frente a la sede de Gobierno para exigir “al Estado y a los gobiernos” que se detenga el verdugueo a los jóvenes que sean trabajadores de la economía popular o de origen humilde.
“La violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia y recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los derechos humanos”, expresaron desde la organización.
Edgardo Orellano, padre de Carlos “Bocacha” Orellano sostuvo a Conclusión que el Poder Judicial ha tomado un importante sesgo clasista en sus actuaciones e investigaciones: «Apenas fue el cambio de gobierno, la justicia falló a favor de los policías en el caso de Franco Casco. En el caso nuestro, tres días antes se bajó un juez con la excusa de que se jubilaba, pero él ya tenía la sentencia firmada y la fecha de la audiencia para leer la sentencia, en el día 28 de junio. Él se jubila el 1 de julio recién, sin embargo el día 25 se excusó de seguir actuando en la causa y le dieron lugar a otra jueza que no la conocemos, no sabemos qué es lo que va dictaminar y que no conoce la causa».
Por otro lado, denunció a viva voz que los efectivos de Gendarmería Nacional que antes patrullaban los barrios se redujeron drásticamente y que sólo hacen acto de presencia, mas no toman acción ante las denuncias de vecinos al momento de señalar búnkers o espacios de venta de droga en los suburbios.
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La movilización tiene lugar apenas tres días después de que el defensor público regional de Rosario Martín Riccardi defendiera en audiencia pública la presentación de un habeas corpus colectivo, que fue presentado el pasado lunes 19 de agosto, con el objetivo de denunciar la existencia de un ensañamiento por parte de la Policía provincial con una población específica, que son los trabajadores de la economía popular que viven en la calle, los cuales son llevados a la comisaría para averiguación de antecedentes de manera constante.
Según un relevamiento realizado por la defensoría pública, del total de personas que estaban demoradas, 86 de ellas estaban vivían en la calle y muchas habían sido demoradas entre cuatro y cinco veces, siempre por no portar el DNI, responder con evasivas a las preguntas de los efectivos o evadir al personal policial.