El pasado 11 de julio, diputados de La Libertad Avanza visitaron el penal de Ezeiza y mantuvieron reuniones con genocidas como Alfredo Astiz y Raúl Guglielminetti. Tras el recorrido por la cárcel, algunos legisladores aseguraron que los llevaron engañados y denunciaron que, en el encuentro, un ex militar les entregó un proyecto de ley que apuntaba a beneficiar con prisión domiciliaria a los represores condenados por delitos de lesa humanidad.
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Una de las denunciantes fue la diputada santafesina Rocío Bonacci, quien participó de la visita, aunque, según denunció, nunca se le informó que iba a reunirse con genocidas. En una entrevista con el canal A24, la legisladora detalló: “A la invitación para ir al penal la hizo el diputado Beltrán Benedit, de la provincia de Entre Ríos. Cuando estábamos llegando a la cárcel en una combi, mi compañero saca un papel del bolsillo y empieza a nombrar apellidos. Yo ahí dije que no quería participar, porque estaba en contra de relacionarme con genocidas”.
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Al ser consultada sobre los temas de conversación que tuvieron los diputados con los genocidas, Bonacci repasó: “La charla fue, principalmente, sobre la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que son personas de más de 70 años y algunos están enfermos. Había un preso, que creo que era Guglielminetti, que le entregó en la mano al diputado Beltrán un proyecto redactado con birome, que eran ideas de proyecto de prisión domiciliaria”.
La diputada también mencionó que la idea de Benedit era ir a Casa Rosada una vez que culmine la visita al penal para “presentarle un famoso proyecto a Karina Milei”. Cuando Bonacci le preguntó a su compañero de bloque en qué consistía esta iniciativa, recibió respuestas evasivas.
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Otra de las diputadas que dijo haber sido engañada fue la mendocina Lourdes Arrieta, quien habló con El Siete TV y expresó: “Tengo entendido que él (por Benedit) estaba haciendo un proyecto con algunos asesores, no sé si hubo más diputados involucrados. Estaban llevando adelante esta bandera para, no sé si indultarlos, pero por lo menos beneficiar (a los genocidas) con la prisión domiciliaria”.
A estos proyectos que buscan beneficiar a genocidas con la prisión domiciliaria, se suman las intenciones de parte del oficialismo de paralizar las causas por delitos de lesa humanidad que actualmente se investigan en la Justicia.
Según mencionó el medio Página/12, a inicios de marzo pasado dos hombres allegados al ministro de Defensa, Luis Petri, visitaron la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo que, junto al penal de Ezeiza, alberga a varios represores condenados por delitos de lesa humanidad: se trata del subsecretario Guillermo Madero y el director nacional de Derechos Humanos, Lucas Erbes, quienes, según los trascendidos periodísticos, estarían impulsando un proyecto –que ya circularía entre los legisladores oficialistas para que caigan las causas que están en trámite.
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En concreto, el proyecto de decreto indicaría que el Estado tiene un plazo máximo de 25 años desde que se cometió el delito para arribar a una sentencia definitiva.
