En una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores se detectó «una actividad fraudulenta a gran escala» con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reveló que durante los gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79.000 a 1.000.045. En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios.
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Entre las irregularidades e incompatibilidades, mencionó que la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez, de las cuales el 65%, es decir, fueron otorgadas en menos de 30 días.
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, mientras que en 2022 «un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro», material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro.
Las declaraciones de Adorni
«Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo más de medio punto del producto. Del total de pensiones otorgadas hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando», indicó.
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Además, dijo: «Hay 60.000 personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el Gobierno nacional de 1.5 millón de pesos por afiliado».
«Las pensiones por discapacidad deberían tener como destino solamente a aquel que tenga una discapacidad para trabajar y que requiera esta prestación, y no que se transforme en parte en un gran negocio o en una gran caja», indicó y agregó: «Cada pensión que fue otorgada de manera fraudulenta va a ser denunciada penalmente«.
