El anteproyecto de ley que los ministros nacionales de Seguridad y de Justicia presentaron para la baja de la edad de punibilidad propone llevar la responsabilidad penal de una persona a los 13 años. La jueza de menores María Dolores Aguirre Guarrochena afirmó que, de llegar a buen puerto, sería “la ley más punitiva de la historia argentina en materia de infancias y adolescencias”.
Aguirre Guarrochena sostuvo en diálogo con el programa “Apuntes y resumen”, al aire en Radio Universidad de Rosario, que “no sólo por la disminución de la edad de responsabilidad penal, sino porque estaría impactando en algunos institutos propios del derecho penal como por ejemplo la libertad condicional, la condena de ejecución condicional, incorporaría causales de suspensión de la prescripción de la acción penal, entre otras cuestiones”.
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“En todas las épocas electorales, sistemáticamente, se instala este tema en la agenda, porque es rentable políticamente. Es un mecanismo estructural por el que siempre hay un hecho puntual por el que se monta una estrategia mediática de medios de comunicación hegemónicos donde se monta una propuesta punitiva. Los tres candidatos a presidente en 2023 proponían este mismo tema”, apuntó la jueza.
En esa misma línea, la magistrada afirmó que “si se aprueba (el anteproyecto), sería la ley más punitiva de toda la historia argentina, no solamente por la reducción de la edad de responsabilidad penal, sino porque modificaría otros institutos del derecho penal”. Asimismo agregó que “desde el punto de vista técnico, agrava muchísimas figuras del código penal, con lo cual si un mismo hecho interviniera una persona mayor de edad y otra menor de edad, sería este último el que tendría una consecuencia mucho más severa”.
La edad de responsabilidad penal empezó a regularse en 1954 en Argentina. Normalmente, las edades históricamente oscilaron en la legislación argentina entre los 14 y los 16 años. “Los momentos en los cuales se elevó la edad de responsabilidad penal coincidía con los momentos de apertura de derechos, de promoción de derechos sociales, y los momentos en los que se redujo la edad de punibilidad coincidieron con los momentos de restricción de derechos, de achique del gasto público”, apuntó la jueza, citando el trabajo de la socióloga Julia Gentile.
Al explicar la potencia de marketing sobre el cual cargan las campañas electorales la propuesta de reducción de la edad de punibilidad, Aguirre Guarrochena sostuvo que “está muy estudiado». «Siempre se sostiene sobre un hecho particular, que tiene morbo, que genera un clamor social. A partir de ahí se monta toda esta estrategia con las cuales se apunta a argumentos emocionales de la opinión pública donde se genera una identificación con la víctima o sus familiares hace que sea más difícil tratar de argumentar racionalmente”.
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“La creación del otro en Argentina también tiene una trayectoria. Desde Civilización y Barbarie, peronismo y antiperonismo, hay una construcción del otro monstruoso como problema. Y es muy sencillo hacerlo a partir de casos que son espeluznantes”, dijo la magistrada, quien apuntó que de prevalecer esta reforma, Argentina sería uno de los países de edad de punibilidad más bajos del mundo.
Entre 2022 y el 2023, aumentó 7,9% el delito cometido por menores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), pero en cifras nominales, se trata de 2200 causas, en una ciudad de más de 3 millones de habitantes, siendo la mayoría de ellos delitos contra la propiedad.
No obstante, en 2022 se dictaron 134 sentencias a niños, niñas y adolescentes, mientras que en 2023 un 81,1% de las aprehensiones fueron por presuntos delitos contra la propiedad. Las estadísticas de la justicia a nivel nacional advierten que los menores de 16 años representan el 0,6% de las personas condenadas en Argentina.
Desde el 29 de noviembre de 2021 al 14 de mayo de 2024, la cantidad de menores que cometieron delitos graves fueron 84 casos en la jurisdicción de Aguirre Guarrochena. “Entre esas fechas, el nivel de respuesta estatal fue del 9%, que involucra las diferentes entidades dedicadas a la justicia de menores. No obstante, debemos ser justos y decir que la respuesta estatal ha sido un poco mejor en los últimos meses”, advirtió la jueza.