La jueza María Servini admitió como querellante a la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en la causa por las y los 33 detenidos en las inmediaciones del Congreso Nacional durante el pasado 12 de junio.
La vicemandataria hizo su presentación el 14 de este mes, en donde alegó para quienes consideró «delincuentes» los cargos de «terrorismo» y «sedición», al igual que el fiscal Carlos Stornelli.
«Sí (acepté la querella de Villarruel) en el primer expediente, en donde venían los 30 detenidos», respondió la magistrada y consideró que la causa «no está en abstracto» pese a que ella misma dictaminó la «falta de mérito» para 28 de las personas detenidas, por lo que no dio por cerrada la investigación.
Servini sostuvo que «la investigación es muy reciente» y dio a entender que no comparte los delitos que buscan imputar tanto Villarruel como el fiscal Carlos Stornelli. «Hay que preguntarle al fiscal Stornelli lo que vio. Las actuaciones vinieron muy en blanco, no teníamos elementos para dejar a las personas en prisión», marcó.
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En el escrito firmado por Villarruel y las abogadas Grisela García Ortíz y Mariela Andrea Cimolai, se hizo un racconto de lo sucedido e, incluso, sostuvo que la sesión se llevó a cabo con «total normalidad», sin tener en cuenta el pedido de moción realizado por las y los senadores de la oposición para un cuarto intermedio, así poder verificar presencialmente qué era lo que estaba sucediendo en las afueras de la Cámara.
Fue el nieto recuperado y legislador por Unión por la Patria (UxP), Eduardo «Wado» de Pedro, quien protagonizó ese momento: «Senador, no me haga entrar en su historia personal», le respondió la vicepresidenta, reconocida por ir a visitar a la cárcel a los genocidas de la última dictadura cívico militar.
Villarruel sostuvo en el documento que los manifestantes habrían dañado el edificio del Congreso, pero también aseguró que el motivo de los disturbios era impedir la continuidad de la sesión que se realizaba en el Senado, lugar que estuvo vallado desde el día anterior y –según trascendió- contó con un cordón que superó los 1.500 efectivos, entre carros hidrantes y los motorizados de la Policía Federal y la Prefectura.
La vicepresidenta, además, denunció que detrás de la protesta había la intención de «aterrorizar» a la población y provocar un «golpe de estado». Una lectura compartida por todo el Gobierno nacional, reproducida por distintos medios de comunicación y luego tomada por el fiscal Stornelli para su pedido de prisión preventiva.
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El mismo miércoles por la noche, el presidente, Javier Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros tantos funcionarios buscaron instalar la idea de que la represión había sido la única forma de evitar «el terrorismo».
Junto con el pedido de la querella, Villarruel presentó 22 fotografías, tres videos y la versión taquigráfica de la sesión. En tanto, entre otros puntos, pidió que se perite los teléfonos de los detenidos, conocer las conexiones entre ellos –algo necesario para la imputación de terrorismo- e identificar a dónde habían estado antes del debate de la ley. Además, solicitó que se identifique agrupaciones, gremios, sindicatos, municipales, y/o partidos políticos.
