El caso había estallado mediáticamente hace poco más de dos semanas, y ayer a última hora hubo un nuevo capítulo: la investigación sobre corrupción en la Municipalidad de San Martín siguió su curso y la jueza federal Alicia Vence ordenó otro allanamiento al edificio sede del gobierno local, frente a la Plaza Belgrano. La Justicia quiere determinar sin en esa comuna del Noroeste del Conurbano se desarrolló otro «caso Chocolate Rigau».
Ayer, agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) incautaron 450 legajos laborales y recibos de sueldos de personas designadas en 2023 que estarían sospechadas de estar involucradas en la causa de ser presuntos contratados ñoquis que alimentaban cajas políticas y corrupción.
Esta fue la segunda orden de allanamiento por parte de la jueza a la Municipalidad de San Martín, y por esta misma investigación el intendente local, Fernando Moreira, del riñón del ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, tiene vedada la salida del país.
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La causa arrancó en octubre del año pasado por una denuncia de un desocupado, Eloy Romero Klimiuk, a quien la Anses le negó el pago de su plan social porque «figuraba como empleado de la municipalidad de San Martín, en la categoría de experto» desde mayo de 2023.
Klimiuk dijo que su primo Gonzalo Artusi lo había llamado en junio del 2023 para hacer «pegatinas» por Unión por la Patria durante la campaña electoral a cambio de $ 5.000. También dijo que en ese momento le pidió una fotocopia del frente y dorso de su DNI y luego de las pegatinas no volvió a comunicarse con él. Sin embargo, en un legajo municipal fechado el 5 de junio de 2023 aparece como “experto” contratado por el jefe de Gabinete del intendente Moreira, José María Hernández.
Después se descubrió que, por lo menos, había otros 12 casos iguales al de Klimiuk, por lo que la jueza Vence ordenó el primer allanamiento al edificio municipal de San Martín, entre otros lugares.
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Paralelamente, entonces se conocieron videos de Sergio González, el ex presidente del Concejo Deliberante local, entrando a cajeros y retirando dinero como lo hacía el tristemente célebre Julio «chocolate» Rigau.
Tiempo atrás había sido allanada la oficina de González, pero luego ocurrió una tragedia: el investigado falleció repentinamente a los 67 años el pasado 7 de noviembre de 2023, pocos días después de haberse iniciado la causa. González era desde 2021 el presidente del cuerpo legislativo local.
El dirigente peronista era parte de la agrupación “San Martín Para Todos”, cuyo principal referente es Diego Perrella. Asumió por primera vez como concejal en 2009 y a partir de 2011 fue logrando mayor protagonismo dentro del esquema municipal con Gabriel Katopodis -hoy ministro de Infraestructura y Servicios públicos bonaerense- y su alfil, el intendente Fernando Moreira.
La prueba más contundente de cómo funcionarios K de ese municipio cobraban sueldos de empleados fantasma es un video en que se ve al fallecido González sacando efectivo de cajeros del Banco Provincia con, por lo menos, 13 tarjetas de débito de presuntos contratados de la Comuna.
El fiscal Paul Starc pidió la detención e indagatoria del intendente Moreira, de su jefe de gabinete, Fernández, y del director general de Personal, Daniel Rey, entre otros. Sin embargo, la jueza Vence rechazó ese reclamo y solo les prohibió salir del pais. Los embargó y les ordenó que se presenten regularmente ante el juzgado.
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Julio “Chocolate” Rigau protagonizó un escándalo de corrupción que impactó en la Legislatura bonaerense y le dio nombre a un nuevo tipo de delito de guante blanco: el puntero massista cayó el 9 de septiembre de 2023 en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos de personas que no sabían que eran empleados del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires.