El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dispuso la imputación de Worldcoin, la empresa multinacional que convocó a miles de vecinos del Conurbano con la propuesta de ceder los datos biométricos, a través del escaneo de iris, a cambio de $30.000 a cobrar el criptomonedas.
La determinación fue tomada a partir de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores detectara la inclusión de presuntas cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión que obligan a aceptar, en presunta infracción a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
Worldcoin, que ahora se expone a multas de hasta $1.000 millones, realizó sus actividades en los distritos bonaerenses de Morón, General Pueyrredón (Mar del Plata), Avellaneda, La Matanza, José C. Paz, Florencio Varela, Quilmes, San Miguel, Pinamar, Tres de Febrero, Villa Gesell, La Costa, La Plata, Berisso, San Martín, Zárate, Malvinas Argentinas, Escobar, General Rodríguez, Vicente López, La Matanza, Ezeiza y Almirante Brown.
Escaneo de ojos: el pago se realizaba en criptomonedas
En esos municipios la empresa convocaba a los consumidores a brindar datos biométricos personales y privados a cambio de instalarse en el teléfono la aplicación de finanzas World App y recibir criptomonedas de la firma Worldcoin.
Las autoridades bonaerenses también advirtieron contradicciones entre lo informado por la propia empresa y la información obtenida a partir de fiscalizaciones realizadas en distintas localidades de la Provincia. Así, en estos contratos de adhesión, denominados “Términos y Condiciones de Uso”, “Aviso de Privacidad” y “Formulario de Consentimiento de datos”, Worldcoin incurriría en distintas infracciones.
Para compensar los recortes de Javier Milei, en 19 municipios del Conurbano cobran la nafta más cara: dónde cargar más barato
Entre las diversas cláusulas abusivas detectadas están las que habilitan a la empresa a interrumpir el servicio sin ningún tipo de reparación ni reembolso.
Y también hay cláusulas que obligan a los usuarios a renunciar a reclamos colectivos y establecen que la normativa aplicable, para residentes en la Argentina, sean leyes extranjeras, en este caso, de las Islas Caimán.
La sospecha de menores de edad en el Conurbano
También indican que las eventuales disputas se resuelven a través de un arbitraje en California, Estados Unidos, «infringiendo lo establecido expresamente por el Código Civil y Comercial de la Nación».
Los relevamientos también descubrieron contradicciones en lo informado por la empresa en cuanto al uso, resguardo y almacenamiento de los datos biométricos recolectados de rostros y ojos de usuarios argentinos, información privada que, aparentemente, sería almacenada en Brasil.
Las fiscalizaciones realizadas por la Provincia determinaron que la empresa no exhibe señalizaciones que indiquen que el requisito mínimo de edad para acceder al servicio es de 18 años, lo que implicaría el escaneo de datos personales de menores.
Frenan cuatro mega obras en el tren Mitre, el Roca y el Belgrano Sur: qué futuro tienen los trabajos que afectan a millones de usuarios
En este contexto Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia, -organismo del que depende la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de los Consumidores-, dijo que es lógico preguntarse “si los datos biométricos se almacenan o si son eliminados en forma inmediata, si hay bases de datos donde quedan guardados y dónde se almacenan los datos personales de los usuarios de la Argentina”.
Además, remarcó que “con estos relevamientos e imputaciones se cumple con el deber de controlar los contratos de adhesión, ordenando modificar, adecuar o suprimir las cláusulas abusivas, en cumplimiento con nuestra normativa vigente. La Provincia defiende los derechos de las y los consumidores”.