El diputado y jefe del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, presentó a fines de marzo un proyecto que busca derogar la Ley 26.160, que frenó el desalojo y la expulsión de comunidades indígenas de sus tierras.
El decreto que resguardaba los derechos sobre sus territorios había sido firmado en la gestión de Alberto Fernández, en el año 2021, y suspendió el estado de emergencia que existía desde el 2006.
Esta iniciativa de Pichetto dejaría sin efecto la pertenencia de las comunidades indígenas sobre sus tierras, desacreditaría sus derechos e implantaría la nulidad de «cualquier disposición del accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) sobre tierras públicas».
Al respecto, el vocero y referente indígena del Pueblo Mapuche en Río Negro, Orlando Carriqueo, aseveró que Pichetto «quiere legislar para atrás, algo que está expresamente prohibido».
Además, afirmó que «las tierras ya están reconocidas por el Estado» y que mantenerlas «es una obligación internacional de Derechos Humanos». «Estamos hablando de un proceso violento y genocida que ocurrió hace 145 años, cuando los abuelos de Pichetto ni siquiera estaban en Argentina. Creo que es un proyecto inconstitucional y violatorio de los derechos adquiridos», expresó Carriqueo.
Asimismo, declaró que, con este proyecto, Pichetto «incumple con la obligación que tiene el Estado argentino para con los pueblos indígenas» y que, en realidad, «esconde el extractivismo» con un «claro tinte racista».
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Actualmente, el Estado Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades indígenas.
La Ley 26.160, que se intenta derogar con este proyecto, fue inspirada en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce «la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas».
