En un contundente respaldo al llamado del gobernador Maximiliano Pullaro, el Centro de Acopiadores de Cereales y Oleaginosas de Santa Fe y la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario han expresado su firme rechazo al proyecto de ley de «Bases» que contempla un incremento en las retenciones a las exportaciones.
Ambas organizaciones emitieron hoy un comunicado conjunto donde señalan que el aumento de los derechos de exportación, tal como propone el Gobierno, es considerado «contraproducente» para toda la cadena comercial del agro. En sintonía con Pullaro, destacaron que esta medida no solo afecta la rentabilidad del sector, sino que también desincentiva la inversión y la generación de empleo en la industria agrícola.
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En el comunicado, resaltaron que diversos estudios económicos respaldan la posición de rechazo al incremento de retenciones, evidenciando el deterioro de la rentabilidad del sector. Además, hicieron hincapié en las dificultades climáticas que las cadenas de valor han enfrentado en los últimos años, sumadas a las complicaciones económicas derivadas de los derechos de exportación.
«Es de público conocimiento que las cadenas de valor vienen soportando desde hace varios años dificultades climáticas, sumadas a las generadas por el entramado económico que causan los Derechos de Exportación», señalaron en el comunicado.
Las entidades también resaltaron que la suba de retenciones no solo implica pérdidas o contramarcos en la rentabilidad, sino que también se traduce en un obstáculo adicional para las cadenas de valor, que ya han enfrentado desafíos significativos, incluyendo los «mega defaults públicamente conocidos».
En su llamado a la coherencia, el Centro y la Sociedad Gremial de Acopiadores destacaron la importancia de garantizar que las cadenas de valor reciban «el precio justo por los esfuerzos realizados». Este respaldo se suma a la postura adoptada recientemente por la Bolsa de Comercio de Rosario y otras entidades de la Mesa de Enlace, consolidando una oposición unificada al aumento propuesto por el Gobierno.
La posición conjunta de estas organizaciones busca influir en la toma de decisiones de los legisladores santafesinos que actualmente debaten el proyecto en la Cámara de Diputados, enfatizando la necesidad de proteger la viabilidad económica del sector agropecuario y preservar la estabilidad de las cadenas de valor en la provincia.
