Diferentes entidades empresariales mantuvieron un encuentro en la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario y elaboraron un documenton en el que reclaman la anulación de la Tasa Vial municipal impulsada por el intendente Pablo Javkin, ya que -según sostienen- es una medida que carece de legalidad.
La «Tasa Vial» fue aprobada por mayoría parlamentaria en el Concejo el pasado 19 de diciembre y dispone que un 1,6% del costo de cada litro de combustible que se cargue en la ciudad vaya a las arcas municipales para pagar reparaciones de calles. Esta acción cosechó los votos en contra de los bloques de Ciudad Futura, Justicialista, Iniciativa Popular y Vida y Libertad, pero lel resto de los espacios aliados del oficialismo impusieron su número.
Ahora, diferentes entidades empresariales decidieron aliarse para mostrar su oposición a esta tasa que, si bien desde el municipio plantearon que no debería trasladarse a una suba del precio en el surtidor, en el sector privado no dudan de que impactará en el bolsillo.
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Las entidades que enviaron representantes a la mesa de trabajo que busca rechazar esta medida fueron la Asociación de Transporte de Cargas de Rosario (ATCR); la Sociedad Rural de Rosario (SRR); el Movimiento Nacional Pyme (Monapy); la Fundación Apertura; la Cámara Federal de Transporte Turístico; Conectando Empresas; la Organización Argentina de Mujeres Empresarias; y la Asociación Empresaria de Funes.
«Desde el Movimiento Nacional Pyme consideramos que es un castigo más a los emprendedores y los trabajadores de la ciudad de Rosario, ya que se le agrega un costo mayor a los que ya tenemos. Hay desprolijidad de parte de la Intendencia y entendemos que esto solamente es para costear los compromisos políticos que tienen, porque no tuvieron una señal clara de achicamiento de la Municipalidad», manifestó el referente local de Mipyme y ex precandidato a gobernador de Santa Fe, Eduardo Maradona, en declaraciones a Conclusión.
Los asesores legales de las instituciones que se reunieron fueron más allá de la lectura política y sostuvieron que la tasa «carece de legalidad y está prohibida por leyes nacionales, provinciales y municipales».
En este sentido, consideraron que la acción «estaría violando la ley provincial de Santa Fe 10.197, la que en su artículo 3 expresa la prohibición de municipios y comunas a crear gravámenes locales en pugna con el régimen federal, en virtud de lo cual el municipio podría perder la coparticipación de los impuestos nacionales, tal como lo dispone la ley».
Asimismo, desde su óptica, «sobrepasa la legislación 505/58-Estatuto Orgánico de Vialidad Nacional cuyo artículo 29, en el inciso c) prohíbe crear gravámenes locales sobre los combustibles líquidos».
«Es importante que el Ejecutivo Municipal reflexione sobre el impacto brutal en el bolsillo del ciudadano y lo que significa sumar un impuesto ilegal a los aumentos permanentes del combustible», manifestó Alfredo Guagliano, presidente de ATCR, a través de un comunicado al que accedió Conclusión.
Para Maradona, el accionar de los ediles -al avalar el pedido del intendente Pablo Javkin- fue «irresponsable» y deberían dar mayores explicaciones al respecto.
En este marco, los empresarios transportistas advirtieron que, con la implementación de la tasa, «por supuesto los costos aumentarán y esto se verá reflejado en el producto final, impactando directamente en el consumidor».
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