Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina criticaron las reformas del Régimen Federal de Pesca (ley 24.922) incluidas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional, que implica modificaciones en el funcionamiento y organización de la industria argentina, en un encuentro que mantuvieron con legisladores nacionales, donde sostuvieron que las mismas plantean «un gravísimo error y riesgo para el sector».
«La modificación propuesta lesionaría entre otras cosas el profundo Régimen Federal de la actual ley», alertaron desde la organización que engloba a una decena de cámaras relacionadas a la pesca, así como asociaciones de embarcaciones y frigoríficos exportadores, quienes consideraron «fundamental exponer esta situación a los legisladores argentinos para que tengan en cuenta las preocupaciones de nuestro sector antes de aprobar cualquier modificación de la Ley Federal de Pesca».
«La pesca es un sector privado, netamente exportador (90% de su producción), que genera divisas por 1.800 millones de dólares anuales», señalaron en un comunicado, y aseguraron que se trata de «un sector muy competitivo» que «genera 46.000 puestos de trabajo directo en 806 buques con permiso nacional y 377 plantas en tierra».
«A lo largo de casi 150 años de existencia, ha desarrollado mercados en más de 100 países y produce alimentos con valor agregado», agregaron y explicaron que la competencia se da particularmente «contra flotas furtivas que pescan en la milla 201 y en Malvinas a menor costo y que ha soportado años de atraso cambiario y la caída de precios internacionales sin desaparecer».
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En referencia al proyecto presentado, desde Intercámaras explicaron que todos los puntos que se plantean en el mismo han sido discutidos y superados en el momento de la aprobación de la ley y Régimen Federal pesquero vigente.
«El sistema actual ha demostrado ser efectivo y eficiente. Es por ello que consideramos innecesario introducir modificaciones en la actual ley Federal de pesca», sentenciaron y subrayaron que el actual sistema «permitió ordenar la pesquería de las principales especies en Argentina y en forma general al sector entero, posibilitando la recuperación biológica de una de las principales especies de nuestro país, la merluza común (Merluccius hubbsi) y mejorando sustancialmente el estado del caladero».
Por ejemplo, el sector sostiene que ningún país del mundo emplea el mecanismo propuesto de licitación internacional de cuotas para pesquerías históricas, y sólo se ha aplicado en nuevas pesquerías a desarrollar o para especies excedentarias y en porcentajes muy bajos. El 99% de los países con pesquerías desarrolladas no licita sus cuotas de pesca.
Además, sostienen que la opción de «operar con barcos extranjeros, tripulación extranjera y descargar en puertos extranjeros es absurda. No le reporta ningún beneficio al país, sino todo lo contrario. Impide controles de descarga, reduce el empleo y las exportaciones nacionales. Esto marcaría el fin de la Zona Económica Exclusiva y una pérdida total de soberanía”.
Otro tema importante es el cuidado de los recursos, en el cual remarcan que el sistema propuesto garantiza la depredación del mismo por dos motivos: a) la falta de controles que se propone para la operatoria de la flota extranjera que se incorpore y b) las especies cuotificadas son unas pocas y si no se expropia a las empresas argentinas, estas intentarán infructuosamente subsistir pescando el resto de las especies no cuotificadas, que también están en su máximo rendimiento.
Destacan además que las modificaciones provocarán un altísimo impacto negativo en las economías regionales, dado que la actividad se desarrolla desde el puerto de Mar del Plata hasta el de Ushuaia, afectando las actividades de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur en forma directa.
En definitiva, las cámaras de pesca aseguran que una posible apertura del mar argentino a flotas extranjeras supondrá la desaparición de la actual industria pesquera argentina y procesadora-industrial-exportadora.
Por su parte, el diputado por la provincia de Chubut, José Glinski, dijo que la Ley de Pesca «quizás sea una de las medidas más radicales que impulsa el Ejecutivo nacional y que demuestra cuál es el espíritu del presidente Javier Milei, de desregular toda la actividad, permitir el saqueo por parte de buques extranjeros, eliminar el componente nacional de toda la industria vinculada a la pesca y la fabricación y reparación en los astilleros».
Asimismo, dijo que «desde el bloque de Diputados de Unión por la Patria, exigimos que en el tratamiento de la Ley Ómnibus se dé voz a los sectores afectados por esta serie de medidas».
