El Ministerio de Seguridad de Santa Fe derribó este jueves el primer puesto de venta de drogas en el marco de la nueva Ley de Microtráfico. El procedimiento se desarrolló en Riobamba al 5000 y estuvo encabezado por el titular de la cartera ministerial, Pablo Cococcioni, y la fiscal general María Cecilia Vranicich.
«A 13 días de la entrada en vigencia de la ley, estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación concreta de la normativa más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía en coordinación con la PDI y demás fuerzas investigativas», celebró el ministro Cococcioni, en una conferencia de prensa efectuada en el lugar del derribo, donde estuvo presente Conclusión.
Según explicó el funcionario, la Ley de Microtráfico apunta a la desactivación coercitiva de los puntos de venta minorista de estupefacientes en todo el territorio provincial. Algo que se ejecuta luego de la solicitud de algún fiscal.
«Cuando, como en este caso, se trata de un búnker o una construcción precaria montada específicamente para el trafico de estupefacientes, directamente la legislación permite el derribo o demolición», agregó.
#AHORA ???????? Derriban un búnker en Riobamba al 5000. Se trata del primer puesto de venta de drogas que se tira abajo en Rosario desde la nueva Ley de Microtráfico.
Participan del operativo distintas fuerzas y se encuentra presente el ministro de Justicia y Seguridad de la… pic.twitter.com/yhulcuMvzz
— Conclusión (@ConclusionRos) January 11, 2024
El ministro señaló que estas situaciones pueden denunciarse ante la Policía; los Centros Territoriales de Denuncia; o en el propio Ministerio Público de la Acusación (MPA), que incluso tiene página web hacer denuncias online.
«Lo más importante es que la ley permite prescindir de una investigación de la Justicia Federal, que persigue a los eslabones superiores en la cadena de comercialización, el suministro de estupefacientes. Acá nos enfocamos en los puntos de venta en concreto», apuntó.
«Nosotros -añadió- nos comprometimos a dar una respuesta más inmediata, sin perjuicio de que después sigan las investigaciones posteriores. Lo que necesitamos es restablecer el orden jurídico en la provincia».
Al ser consultado por la posibilidad de que días después vuelva a instalarse otro búnker a pocos metros del lugar donde se realizó el derribo, el ministro indicó que la estrategia en marcha busca intervenir de manera focalizada» y sostenida» para «mantener la convivencia en el territorio y la presencia policial disuasiva para evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse».
Según Cococcioni, la intervención en Riobamba al 5000 comenzó a diagramarse cuando el proyecto de ley aún estaba siendo debatido en la Legislatura provincial. El Ministerio de Seguridad, la Fiscalía General y el MPA no esperaron la normativa para trabajar en el operativo.
Tal detalló el funcionario, no fundamentalmente necesario que al momento de intervenir «se tenga que encontrar sí o sí» estupefacientes en el lugar, «con contar con indicios que acrediten que se trata de un dispositivo de venta minorista, ya se habilita la acción legal coercitiva».
A su turno, la fiscal general María Cecilia Vranicich comentó que el punto de venta derribado porque se constituía como «mercado abierto de droga que genera violencia altamente lesiva».
«Además, está a pocos metros de una escuela primaria y a tres cuadras hay otra. Al solicitar este tipo de intervenciones, nosotros -los fiscales- tenemos que convencer a los jueces de que en estos búnkeres se efectúan muertes, tiroteos o heridos de armas de fuego. Es necesario demostrar que se venden drogas y no viven personas, porque en ese segundo caso no se pueden hacer este tipo de procedimientos», explicó.