Más de 80 organizaciones ambientales y sociales enviaron una carta a la Cámara de Diputados de la Nación para expresar su rechazo al proyecto de «Ley Ómnibus» enviada por el Poder Ejecutivo Nacional porque indicaron que supone «serios retrocesos en la legislación ambiental», informaron las ONG en un comunicado.
«Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional», señaló Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Las reformas proyectadas forman parte del Capítulo III del Título VI -Interior, Ambiente, Turismo y Deporte-, de la iniciativa «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», remitido para ser tratado en sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación.
«Bajo el pretexto de la libertad, el proyecto de ley pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero, en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas», agregó el comunicado.
Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, remarcó que «el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo propone avanzar sobre legislación construida de manera participativa entre diversos sectores de la sociedad».
Según las organizaciones, el proyecto propone una serie de reformas a leyes de protección del ambiente como la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922).
«Los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados», indicó el texto.
En ese sentido, las organizaciones advirtieron que la iniciativa que se debatirá en la Cámara Baja vulnera el principio de no regresión ambiental del Acuerdo de Escazú, un acuerdo internacional que establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente.
«La ley de Bosques es una ley que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, y que ha permitido visibilizar los bosques nativos y reducir las tasas de deforestación», sostuvo Jaramillo.
«Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales», concluyó la misiva.
