En un nuevo giro de los acontecimientos en la política migratoria de Estados Unidos, la administración de Joe Biden ha elevado la disputa con el estado de Texas a la Corte Suprema. La solicitud presentada busca la eliminación de una cerca de alambre de púas erigida por Texas para frenar la entrada de inmigrantes ilegales desde México.
La medida adoptada por la Casa Blanca de comenzar la demolición de la cerca provocó una reacción inmediata por parte del estado de Texas, liderado por el gobernador republicano Greg Abbott, quien interpuso una demanda acusando al gobierno federal de «socavar la seguridad» en el segundo estado más poblado de la nación, según informó la agencia de noticias rusa Sputnik.
El conflicto se remonta a diciembre pasado, cuando un tribunal federal de apelaciones emitió una orden que impidió a los agentes de la Patrulla Fronteriza continuar con la retirada del cable. Ante este obstáculo legal, la procuradora general Elizabeth Prelogar ha presentado un documento ante la Corte Suprema solicitando la anulación de dicho fallo del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EEUU, argumentando problemas de jurisdicción en la emisión de órdenes sobre inmigración.
La apelación de Prelogar se presenta como una solicitud de emergencia, buscando la revocación de la decisión del tribunal y permitiendo así la continuación de la remoción de la barrera de alambre.
El mes de diciembre se destacó por un número récord de detenciones de migrantes en las fronteras de Estados Unidos, según informantes citados por medios locales y recogidos por Sputnik. La tensión en la política migratoria del país se refleja en esta disputa legal entre el Gobierno de Biden y Texas, donde se busca conciliar la seguridad fronteriza con el respeto a los derechos y la humanidad de los migrantes. La atención ahora se centra en la respuesta de la Corte Suprema y en cómo este caso impactará en la política migratoria del país en el futuro inmediato.
