El Centro Azucarero Argentino (CAA) advirtió que el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso por el Gobierno nacional contiene «dos iniciativas que ponen en riesgo de subsistencia a la principal actividad productiva del Noroeste Argentino».
«Creemos que la derogación de la ley 25.715 es un grave error, porque no significa una protección del azúcar sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 1% y no tenemos ninguna incidencia», indicaron desde el sector.
Luego agregaron: «El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo, por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de algunos países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715».
En ese marco, exhortaron «a los diputados y senadores nacionales a no aprobar el artículo 59 del citado proyecto y evitar así lo que será un golpe irreversible para una cadena de valor integrada por 19 ingenios, 16 destilerías de alcohol y 6.000 productores cañeros independientes, que emplean en forma directa a 57.355 trabajadores, y una vasta red de proveedores, fraccionadores y distribuidores».
Continuando, indicaron que «igualmente grave es la modificación que se impulsa de la Ley de Biocombustibles N° 27.640 (arts. 307 a 315), que rompe un régimen que tiene previsto, por ley, vigencia hasta el año 2030».
«Se afrenta la seguridad jurídica con que se realizaron inversiones y se desarrolla la producción de bioetanol de caña de azúcar, puntal decisivo del sostenimiento económico de la actividad azucarera», argumentaron contra la iniciativa.
Detallaron que «entre los cambios que impulsa el proyecto, se destaca la libre importación de bioetanol para su mezcla con naftas; la habilitación a las petroleras para producirlo y autoabastecerse o comprarlo a precio libre -a pesar de la posición dominante de tres empresas que compran el 95% del bioetanol a 20 elaboradoras”.
Además argumentaron que el decreto “elimina la participación equilibrada en el abastecimiento por parte de las elaboradoras de bioetanol y hasta faculta a la autoridad a reducir el porcentaje de mezcla del 12% con una simple decisión administrativa».
«Consideramos que el proyecto puede ser mejorado, orientado a una Convergencia Técnica con el Mercosur, a que se mantengan las condiciones actuales para la mezcla del 12% con bioetanol de producción nacional y se contemple su incremento a un rango de entre 18% y 27% con mecanismos de competencia abierta», promovieron.
«Haremos las contribuciones necesarias para que los diputados y senadores nacionales introduzcan cambios al proyecto de ley y se evite destruir un sistema de combustibles limpios que tantas inversiones significaron y tantos beneficios aportan para el agregado de valor a la producción regional, el medio ambiente y el entramado socioeconómico del Noroeste Argentino», concluyeron en un comunicado de prensa.
