El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este martes la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, de 85 años, quien cumple una pena de 25 años de prisión por «crímenes contra la humanidad».
“Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad», indicó el tribunal en la resolución difundida a los medios.
Cabe destacar que Fujimori cumple desde 2007 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, que fue interrumpida brevemente entre 2017 y 2018, cuando el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó y meses después la Justicia revocó el beneficio.
Además, fue condenado por homicidio calificado y lesiones graves por los casos Barrios Altos y La Cantuta, hasta el momento permanecía recluido en el penal de Barbadillo en el distrito de Ate, en Lima.
Por otra parte en octubre del 2018, un juzgado de la Corte Suprema declaró la no aplicación del indulto otorgado en 2017, por lo que posteriormente fue reingresado al establecimiento penitenciario.
Desde entonces se han venido presentando recursos judiciales buscando su nueva excarcelación. Hasta que en marzo de 2022, el TC ordenó restablecer el indulto a Fujimori, luego de atender un recurso de hábeas corpus.
Sin embargo, tras acciones realizadas por los deudos de las víctimas de Fujimori, el 7 de abril de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no liberar al exmandatario.
Así el viernes, luego de tres días de polarización e intenso debate mediático y ciudadano por su posible liberación, el juez Fernando Vicente Fernández Tapia, a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, había rechazado la excarcelación del mandatario.
Con la decisión de liberar a Fujimori, el máximo tribunal declaró fundado el hábeas corpus a favor de su indulto que alegaba un presunto atentado contra la libertad individual mediante la detención arbitraria.
De acuerdo con la resolución, esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración del derecho fundamental.
Además, los magistrados consideraron la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien cumplió aproximadamente dos terceras partes de su condena. La semana pasada la Corte IDH requirió al Estado peruano que informe cómo se cumplió esa resolución.
“Siguiendo instrucciones del presidente de Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detalló la Corte IDH en un documento.
A su vez, el Ministerio de Justicia afirmó que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte acatará la decisión del juez.
