En las últimas horas trascendió que Luis “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri, sería el titular de la cartera económica durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la designación, que desencadenó el alejamiento de Emilio Ocampo y Carlos Rodríguez –dos de los principales economistas que asesoraban al libertario– todavía no fue confirmada por la Oficina del Presidente Electo, a pedido de Caputo, quien duda en asumir formalmente, condicionado, principalmente, por las causas que tiene abiertas en la Justicia Federal.
Según trascendió, habría varios asuntos que Caputo debe considerar antes de aceptar el puesto: además de la situación económica que hereda, marcada por altos niveles inflacionarios, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la caída en las reservas del Banco Central, también influye la postura de su familia –que rechaza la designación y tiene como antecedentes los escraches que sufrieron durante el macrismo– y, principalmente, las causas que tiene abiertas el la Justicia Federal.
Si bien son varios los procesos judiciales que tienen a “Toto” Caputo en la mira –los cuales van desde el endeudamiento con el FMI hasta el ocultamiento de sus acciones en una sociedad offshore que manejaba fondos millonarios en las Islas Caimán– el ex funcionario macrista todavía no declaró en los tribunales federales de Comodoro Py.
La causa que más le preocupa al ex ministro de Finanzas es una en la que lo acusaron de no consignar en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción el hecho de que trabajó para fondos que invertían en bonos de la deuda argentina en default. Esa acción judicial es tramitada por el juez Julián Ercolini y el fiscal es Carlos Rívolo.
A tal punto llega la preocupación de Caputo por esta investigación que, según consignó el medio Infobae, “pidió como condición para asumir que cierren esta causa”. En este mismo sentido, Letra P se hizo eco de los trascendidos en los pasillos judiciales y dio cuenta de que el ex funcionario pidió, como condición para asumir al Palacio de Hacienda, “que cierren estas causas que lo investigan y ser sobreseído en todos los expedientes”.
En 2017, fue acusado de los presuntos delitos de “omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y supuesto lavado de activos”.
Estos cargos fueron presentados a raíz de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, llamada Panamá Papers, que filtró documentos que indicaban que Caputo manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, hedge fund registrado en Caimán para comprar bonos de alto riesgo en países emergentes.
En criollo, el ex ministro creaba sociedades offshore para administrar millones de dólares en paraísos fiscales y, como agravante, no informó, al asumir al Ministerio de Finanzas, que era co-propietario de Noctua, una empresa que administra fondos de inversión en las Islas Caimán.
Además, Caputo está imputado por “defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos” en una causa que investiga el préstamo de 45.000 millones de dólares pedido por el gobierno de Macri al FMI en el año 2018. En este sentido, el propio organismo multilateral iniciará una investigación interna por la presunta fuga de capitales derivada del préstamo.
Caputo también sigue imputado en otra investigación por la emisión de un bono a cien años –el título más a largo plazo en la historia del país– que podría haber constituido una “conducta delictiva en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.
Fue colocado por los bancos Santander, Nomura, HSBC y Citibank por un monto de USD 2.750 millones, con un cupón de interés de 7,125% y un rendimiento de 7,9% anual.
Por ahora, Caputo decidió ponerse a disposición del nuevo gobierno con el fin de desarmar la “bola de las Leliq” y el endeudamiento del Banco Central.
Según lo que indicó Caputo a los banqueros en la reunión de este viernes, el próximo titular del Palacio de Hacienda no podrá afectar la propiedad privada, a través de lo que podría ser un nuevo Plan Bonex que intercambie depósitos en pesos por títulos a más largo plazo, como pasó en 1990 durante el gobierno de Carlos Menem.
