La jueza estadounidense del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, accedió postergar el pago de Argentina de una indemnización de 16.100 millones de dólares al fondo buitre Budford Capital y, a la vez, le ordenó que aporte otros activos como garantía para evitar embargos, en el marco de la causa por la nacionalización de YPF.
Tras la sentencia del 15 de septiembre pasado, Argentina pidió evitar el pago de la indemnización mientras se considera su recurso de apelación, lo cual fue aceptado por Preska.
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El país consideró que el pago de la sentencia durante la apelación causaría graves dificultades en las arcas nacionales, ya que equivale a casi una quinta parte del Presupuesto.
La jueza autorizó a evitar el pago hasta que se expida el Tribunal de Apelaciones a cambio de colocar, como garantía para evitar embargos, otros activos mencionados por los demandantes.
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Estos son la participación accionaria del Estado Nacional de 51% y las cuentas por cobrar vinculadas con la planta de Yacyretá, según precisó la agencia Bloomberg.
El cálculo de Preska está realizado en base al valor de la participación accionaria estatal en YPF –valuada en entre 2.350 millones de dólares y 3.050 millones de dólares, según analistas– y 4.000 millones de dólares adicionales en pagos que Paraguay le debe a Argentina durante los próximos 30 años por las represas de Yacyretá.
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La magistrada suspendió la ejecución de la sentencia hasta el próximo 5 de diciembre, para permitir que el país prepare las garantías.
También exigió que Argentina solicite una consideración acelerada del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan.
Presentadas las garantías, el país evitará cualquier tipo de embargo o pago hasta que se expida el Tribunal de Apelaciones.
En la sentencia final dictada el 15 de septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska desestimó los reclamos presentado por los demandantes contra YPF, al decretar que la petrolera no tuvo responsabilidad contractual en la nacionalización de 2012, aunque mantuvo firme el fallo contra el Estado argentino.
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Tras darse a conocer el fallo, el Gobierno ratificó la apelación por discrepar con las cifras del mismo.
La magistrada ordenó que Buford Capital (que había adquirió los derechos de litigio al Grupo Petersen) reciba 14.385.449,737 de dólares, de los cuales 7.533.269,948 corresponden a daños y 6.852.179,789 al 8% de interés simple previo a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha; y que Eton Park recupere 1.714.338,556 de dólares, que corresponden 897.752,615 a daños; y más 816.585,941 por 81 intereses simples previos a la sentencia desde el 3 de mayo de 2012 hasta la fecha.
Además, dispuso que Petersen y Eton Park recuperen también los intereses posteriores a la sentencia, calculado a partir de la fecha de entrada de esta sentencia a una tasa del 5,42% anual, computada diariamente hasta el pago.
Mientras que Petersen y Eton Park piden casi 16.000 millones de dólares, la Argentina difiere en el cálculo del eventual daño “en 800 millones de dólares”, según precisaron los demandantes en el texto enviado a Preska.
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Robert Giuffra, socio del estudio Sullivan & Cromwell, que representa a Argentina en el caso, aseguró que “la sentencia dictada en materia de daños y perjuicios refleja la incomprensión fundamental de la corte de distrito respecto del derecho argentino aplicable, y exacerba otros errores graves de derecho argentino que la corte ya cometió en instancias anteriores del caso”.
Una decisión que llega después del anuncio de privatización
La decisión de la jueza estadounidense llega a días después de que el presidente electo, Javier Milei, ratificara su intención de privatizar la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
“Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado. A YPF primero la tienen que recomponer”, apuntó el libertario.
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En torno a su estatización, apuntó: “El deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió… Evidentemente lo que primero que hay que hacer es recomponerla”.
Y agregó: “En la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.
