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Así, ampliaron las medidas de emergencia que facilitan el trato inhumano y degradante de personas privadas de libertad, y no investigaron los incidentes de tortura y muerte bajo custodia en las últimas cuatro semanas, denunció este viernes Amnistía Internacional.
Desde el 7 de octubre, las fuerzas israelíes han detenido a más de 2.200 hombres y mujeres palestinos en Cisjordania, según el Club de Presos Palestinos. La organización de derechos humanos israelí HaMoked, dijo que entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre, el número total de palestinos recluidos en régimen de «detención administrativa», sin cargos ni juicio, pasó de 1.319 a 2.070.
Testimonios de detenidos después liberados y de abogados de derechos humanos, así como material videográfico e imágenes, ilustran algunas de las formas de tortura y otros malos tratos propinados por las tropas israelíes contra personas privadas de libertad en las últimas cuatro semanas. Algunas de estas acciones son brutales palizas y humillación de detenidos, obligándoles a mantener la cabeza hacia abajo, arrodillarse en el suelo durante largo tiempo y cantar canciones israelíes.
«Durante el último mes fuimos testigos de un notable aumento del uso por Israel de la detención administrativa —sin cargos ni juicio y que puede renovarse indefinidamente—, que ya había alcanzado su máximo en 20 años antes de la última intensificación de las hostilidades el 7 de octubre. La detención administrativa es una de las herramientas fundamentales de Israel para aplicar su sistema de apartheid contra la población palestina.
Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, dijo que «Las ejecuciones sumarias y la toma de rehenes perpetradas por Hamás y otros grupos armados el 7 de octubre son crímenes de guerra y deben ser condenados como tales. Las autoridades israelíes no pueden usar los ataques de Hamás para justificar sus propios ataques ilegítimos y castigos colectivos contra la población civil en una Franja de Gaza asediada y el uso de la tortura, la detención arbitraria y otras violaciones de los derechos de los palestinos privados de libertad. La prohibición de la tortura no puede suspenderse ni conculcarse en ningún caso, tampoco —y especialmente— en momentos como los actuales».
Investigadores de Amnistía Internacional entrevistaron a 12 personas, entre ellas 6 que estuvieron detenidas y luego salieron en libertad, y tres abogados que trabajaban en detenciones recientes. El personal investigador también examinó testimonios compartidos por otros detenidos y analizaron material videográfico e imágenes.
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Tortura y humillación
Amnistía Internacional lleva decenios documentando tortura generalizada por parte de las autoridades israelíes en lugares de detención en Cisjordania. Sin embargo, en las últimas cuatro semanas se ha ampliado el número de denuncias, respaldadas por vídeos e imágenes en Internet que muestran horripilantes escenas de soldados israelíes golpeando y humillando a palestinos mientras los tienen detenidos con ojos vendados, desnudos, con manos atadas, en una escalofriante exhibición pública de tortura y humillación de los detenidos palestinos.
En una imagen analizada por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis puede verse a tres varones palestinos, con los ojos vendados y sin ropas, al lado de un soldado con uniforme como los que usan las fuerzas terrestres israelíes. Una investigación de Haaretz publicada el 19 de octubre reveló que la imagen había sido tomada en Wadi al Seeq, al este de Ramala, el 12 de octubre. Una de las tres víctimas que aparecían en la fotografía dijo a Amnistía Internacional que al principio fue recluido y golpeado por colonos, pero dos horas después llegó un vehículo militar israelí:
«Uno de los agentes israelíes que llegaron se acercó a mí y me propinó una patada en el costado, luego saltó sobre mi cabeza con las dos piernas y me hundió aún más la cabeza en la tierra, y después siguió pateándome mientras estaba cabeza abajo, con las manos atadas a la espalda. Entonces agarró un cuchillo y me arrancó toda mi vestimenta a excepción de la ropa interior y usó parte de las prendas desgarradas para vendarme los ojos. Los golpes no pararon, y luego saltó sobre mi espalda tres o cuatro veces mientras gritaba ‘muere, muérete basura’ […]. Otro agente orinó en mi cara y en mi cuerpo mientras también nos gritaba ‘que se mueran’.»
Amnistía Internacional también habló con dos detenidas que estuvieron durante 14 horas en una comisaría del Jerusalén Oriental ocupado, donde las humillaron, las sometieron a registros corporales sin ropa, se burlaron de ellas y les ordenaron que maldijeran a Hamás. Después quedaron en libertad, sin cargos.
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En un vídeo publicado por primera vez en las redes sociales el 31 de octubre y analizado por el Laboratorio de Pruebas del Programa de Respuesta a las Crisis, puede verse a nueve hombres detenidos, que por su acento identificable eran palestinos, desnudos y esposados, rodeados por al menos 12 soldados vestidos equipados con fusiles de asalto M4A1 o Tavor X95. Tanto los uniformes como las armas son habituales de las fuerzas terrestres israelíes. Uno de los soldados propinaba patadas a uno de los detenidos en la cabeza. Otro vídeo, subido a la plataforma X (antes Twitter) el 31 de octubre, muestra a una persona con los ojos vendados junto con un sargento del ejército israelí que se burla del detenido y baila a su alrededor.
Un detenido palestino puesto en libertad recientemente en el Jerusalén Oriental ocupado, que habló con Amnistía Internacional bajo condición de anonimato, dijo que los interrogadores israelíes lo sometieron, con otros detenidos en el Recinto Ruso (Al Maskoubiyeh), centro de detención en Jerusalén, a brutales palizas que le causaron hematomas y fractura de tres costillas. Los interrogadores de la policía israelí los golpeaban continuamente mientras les gritaban que mantuvieran siempre la cabeza hacia abajo y les ordenaban «alabar a Israel y maldecir a Hamás». La persona agregó: «Los golpes y la humillación no pararon siquiera cuando uno de los 12 detenidos con nosotros en la celda les obedeció».
Desde el 7 de octubre, según las autoridades de Israel, cuatro detenidos murieron en instalaciones de detención israelíes en circunstancias que prometieron investigar. Dos de los cuatro eran trabajadores de la Franja de Gaza ocupada, recluidos en régimen de incomunicación en centros de detención militares, cuyas muertes el ejército israelí solo hizo públicas después de una investigación del periódico israelí Haaretz.
En virtud del derecho internacional, la tortura y otros malos tratos cometidos contra civiles en un territorio ocupado son crímenes de guerra. La detención de personas no combatientes fuera del territorio ocupado, como los palestinas procedentes de los Territorios Palestinos Ocupados recluidos en Israel, también constituye violación del derecho internacional humanitario, ya que equivale a traslado forzoso.
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Trato inhumano y degradante en prisiones
El Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel informó al grupo de derechos humanos HaMoked de que, a fecha 1 de noviembre, había 6.809 palestinos recluidos. El 31 de octubre, las autoridades israelíes prorrogaron por un mes el «estado de emergencia en las prisiones», que concede al ministro de Seguridad poderes ilimitados para negar a las personas presas que cumplen condena el acceso a visitas de abogados y familiares, recluir a las personas privadas de libertad en celdas masificadas, negarles el ejercicio al aire libre e imponerles medidas crueles de castigo colectivo, como cortar el suministro de agua y electricidad durante muchas horas.
El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó que se ha negado a palestinos presos el contacto con sus familias y abogados desde el 7 de octubre. Sanaa Salameh, esposa del preso palestino Walid Daqqah, enfermo terminal, dijo a Amnistía que desde el 7 de octubre no permitieron que ella o su abogado lo visiten ni reciban información sobre su estado de salud. «No sé si recibe la atención médica que necesita; no tengo ningún contacto con él, ni siquiera un poco de información que me consuele», dijo.
El abogado palestino Hassan Abadi, que visita semanalmente al menos a cuatro detenidos desde el 7 de octubre, dijo a Amnistía Internacional que se niega a las personas palestinas detenidas su derecho a hacer ejercicio al aire libre y que una de las formas de humillación a la que se las somete durante el recuento de reclusos es obligarlas a arrodillarse. Abadi agregó que les han confiscado todas sus pertenencias personales, y a veces las han quemado, incluidos libros, diarios, cartas, ropa, alimentos y otros artículos. Las autoridades penitenciarias confiscaron las compresas higiénicas a las mujeres palestinas en la prisión de Al Damon. Según Abadi, una cliente a la que representa le dijo que cuando estaba detenida y con los ojos vendados en la comisaría de policía de Kiryat Arba, cerca de Hebrón, un agente la amenazó con violarla.
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Aumentan detenciones arbitrarias
La detención administrativa de palestinos fue en aumento en 2023, hasta llegar a 1.319 personas al 1 de octubre, según HaMoked. El 1 de noviembre, la cifra había aumentado a más de 2.070 detenidos y reclusos en régimen de detención administrativa. Con frecuencia, los palestinos clasificadas por Israel como «reclusos de seguridad» están recluidos sin cargos ni juicio, la mayoría bajo detención administrativa que pueden renovarse indefinidamente cada seis meses.
Mediante la detención administrativa las autoridades detienen a las personas por motivos secretos que el acusado y su abogado no pueden conocer, lo que burla de hecho el debido proceso garantizado para los privados de libertad por el derecho internacional. Amnistía Internacional concluyó que Israel usa de forma sistemática la detención administrativa como herramienta para perseguir a los palestinos, y no como medida preventiva extraordinaria y utilizada de forma selectiva.
Las autoridades israelíes también implementaron la «Ley de Combatientes Ilegítimos», categoría no reconocida por el derecho internacional, para recluir indefinidamente sin cargos ni juicio a al menos 105 palestinos de la Franja de Gaza ocupada, que entraron en Israel durante el ataque dirigido Hamás el 7 de octubre. Sigue sin saberse con certeza cuántas de esas personas están recluidas en relación con los ataques.
Las autoridades israelíes también sometieron a miles de palestinos de Gaza que poseen permiso para trabajar en Israel, a una tercera forma de detención arbitraria por la cual estuvieron recluidas en régimen de incomunicación durante al menos tres semanas en dos bases de detención militares en Israel y Cisjordania. Aunque muchos quedaron en libertad, no hay transparencia de las autoridades israelíes con respecto a cuántos continúan detenidos.
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«Las autoridades israelíes deben revocar de inmediato las medidas de emergencia inhumanas impuestas a los palestinos presos y permitirles el acceso inmediato a sus abogados y familias. Todos los palestinos detenidos arbitrariamente deben quedar en libertad. Instamos a Israel a permitir que el Comité Internacional de la Cruz Roja realice visitas urgentes a las prisiones y las instalaciones de detención y supervise las condiciones de los palestinos detenidos», declaró Heba Morayef.
«Las autoridades judiciales de Israel también deben investigar de modo imparcial e independiente las denuncias de tortura y otros malos tratos y enjuiciar en juicios justos a los responsables de ordenar y llevar a cabo actos de tortura».
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